Después de ser señalados de "vampirismo financiero" por el Presidente Gustavo Petro, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, y sus codirectores "lamentaron" las afirmaciones del mandatario y recalcaron su petición de que la Reforma Pensional entre en vigor en un tiempo prudencial.

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Esta última solicitud de "definir un margen razonable de tiempo" se da porque por razones ajenas al banco, el proceso venía "atrasado" y se interrumpieron a partir del 17 de junio, después de la decisión del alto tribunal de suspender su entrada en vigencia.

"Para ello se sugirió que la entrada en vigencia de la ley no sea el día siguiente a la fecha de decisión sobre su constitucionalidad sino tres meses después de que se conozca la sentencia respectiva", aclaró el Banco de la República.

La entidad aseguró que es "inviable" que entre en funcionamiento esta ley un día posterior en que se decida la constitucionalidad de la misma.

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El banco sostuvo que para administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) debe firmar un contrato con el Ministerio de Hacienda, seleccionar administradores externos y designar los integrantes del comité directivo del FAPC por parte de la junta.

Sobre las palabras de Petro, el banco lamentó "las interpretaciones erradas que se han dado sobre los planteamientos realizados mediante la carta enviada a la Corte Constitucional, los cuales no tuvieron ningún propósito diferente a obtener claridad y proponer un plazo razonable para cumplir con lo que establece la ley, de conformidad con lo que decida la Corte".